La denominada Torre Centinela, concebida por el gobierno de María Eugenia Campos Galván como el centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua, continúa sin terminarse y su operatividad ha sido blanco de fuertes críticas. El proyecto, diseñado para sistematizar datos de inteligencia contra el crimen organizado, presenta un retraso de más de dos años, habiendo tenido como fecha límite de entrega enero de 2024.

La obra fue adjudicada a la empresa israelí Seguritech Privada mediante un contrato plurianual por un monto de 4 mil 700 millones de pesos. Recientemente, la Auditoría Superior del Estado (ASE) sancionó a la compañía con una multa de 112.3 millones de pesos debido a incumplimientos contractuales, sobreprecios y servicios no prestados, incluyendo la falta de entrega de arcos carreteros, filtros y muros de video.

Uno de los puntos más polémicos es la presunta injerencia de agencias estadounidenses. El titular de la SSP, Gilberto Loya Chávez, reveló que el piso 18 está destinado a funcionar como búnker para elementos de la DEA, el FBI, CBP y HSI. Esta situación ha generado alarmas sobre la soberanía nacional, especialmente tras reportes de la participación de agentes de la CIA en operativos antidrogas.

El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha calificado la obra como un "capricho" que terminará siendo un "cascarón", a pesar de que él mismo donó el terreno municipal para su construcción en 2022. Por otro lado, el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, defiende el complejo asegurando que es una herramienta necesaria para combatir la delincuencia organizada y que la colaboración con agencias extranjeras no atenta contra la soberanía si el objetivo es la paz y la seguridad.

Actualmente, el inmueble solo cuenta con un piso equipado donde operan analistas de inteligencia y operadores del C7, mientras que el resto de la estructura de 20 niveles sigue en obra gris y trabajos de soldadura.