Félix Helou, abogado del contraalmirante de la Secretaría de Marina (Semar) en retiro, Fernando Farías Laguna, en Argentina, afirmó que la agilización del traslado de su cliente de ese país a México ocurrió con la intervención del gobierno de Estados Unidos y que agentes estadounidenses se reunieron con él horas antes de su expulsión. Además, sostuvo que el exfuncionario teme por su vida y que el gobierno argentino decidió no proteger a alguien perseguido políticamente. Fernando Farías Laguna llegó a la Ciudad de México la madrugada de este viernes 21 de agosto de 2026 y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el Estado de México.
Durante una entrevista con Yoeli Ramírez de Meganoticias, el abogado explicó que la agilización del traslado de esa persona ocurrió luego de que el gobierno mexicano se desistiera del proceso de extradición iniciado ante el gobierno argentino. Ante esa situación, el gobierno argentino decidió expulsarlo de su territorio debido a que había ingresado ilegalmente al país y entregarlo a las autoridades mexicanas que viajaron a Argentina para trasladarlo. Fernando Farías Laguna fue transportado a México en un avión de la Secretaría de Marina, informó la Fiscalía General de la República. El litigante opinó que, con esta acción, el gobierno mexicano despreció la ley para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado. El traslado a México del marino en retiro no fue mediante un proceso judicial, porque no tuvo oportunidad de defenderse. Simplemente lo que ocurrió fue que, al desistirse el gobierno mexicano de continuar con el proceso de extradición, con base en el tratado firmado entre ambos países, se dejó viva la posibilidad de que el gobierno argentino lo expulsara de su territorio por no haber ingresado de manera legal al país, abundó. Para el abogado lo que ocurrió fue “una manipulación jurídica” y “una interpretación forzada” de las leyes que le permitieron a México obtener los beneficios de la extradición sin respetar el procedimiento establecido. Insistió en que el gobierno mexicano había iniciado formalmente un proceso de extradición y se tenía programada una audiencia para el 27 de agosto de 2026.
Asimismo, comentó que el hecho de que el traslado de Fernando Farías a México ocurriera horas después de la presencia en Argentina del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en una reunión organizada por la DEA, es a su juicio una muestra de que los procedimientos quedaron subordinados a decisiones discrecionales. Expuso que, en ese caso, en cuestión de horas se tomaron decisiones judiciales y administrativas que agilizaron el traslado. Por otra parte, consideró que “sin duda” hubo intermediación del gobierno de Estados Unidos que permitió que México consiguiera que Argentina autorizara el regreso del militar. Eso fue posible, según el litigante, porque la política argentina está alineada con la de Washington. El abogado confirmó que horas antes de la ejecución, personal de una agencia estadounidense y de la embajada de Estados Unidos en Argentina se reunió con el marino en retiro en la cárcel de máxima seguridad donde se encontraba.
El abogado enfatizó que su cliente decidió ingresar a Argentina con un pasaporte falso, por un “estado de necesidad” y porque teme por su vida. En ese sentido, fue enfático al mencionar que “Argentina tenía la obligación de proteger a alguien que es perseguido políticamente”. “No vamos a opinar si el huachicoleo es delito o no, sino si esto es un proceso judicial real o una persecución política”, subrayó. “No somos un Estado que persigue políticamente; somos de los que juzgan”, insistió.
En ese contexto, el abogado dijo que su cliente quiere que se conozca la verdad sobre los cargos en su contra. “Él necesita un marco adecuado en donde pueda expresar esa verdad”.
Además, horas antes del traslado, la Ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, publicó en la red X: “EXPUNSAMOS A FERNANDO FARÍAS LAGUNA”. En el mismo mensaje la funcionaria argentina informó que “el delincuente mexicano solicitó asilo en Argentina para evitar el regreso a su país”, pero “gracias a un decreto del presidente Milei, se le rechazó la petición”. También sostuvo que Argentina no es refugio de delincuentes y que el que la hace, la paga.